Según IC la reforma constitucional traerá a Canarias mayores recortes en derechos sociales básicos

La intención del gobierno del Estado español de reformar la
Constitución para limitar el déficit público ha puesto de manifiesto una
serie de cuestiones importantes: La primera es la constatación de la
absoluta dependencia del estado español que, incapaz de generar
políticas propias, no hace más que obedecer ciegamente los mandatos
emanados desde los centros de poder financiero, recordemos que fueron
Merkel y Sarcozy quienes prácticamente ordenaron al gobierno de
Rodríguez Zapatero llevar adelante esta propuesta que no se adecua a la
realidad del Estado español y, menos aún, a las dramática situación de
emergencia social que soporta el pueblo canario, condenado a la doble
marginalidad de ser la colonia de un país periférico de la Unión
Europea.

Una segunda constatación es que el resultado objetivo de
esta medida se traducirá en mayores re-cortes en los servicios sociales
básicos, la educación y la salud. Esto es comprobable en el hecho de
que, mientras el gasto social viene recortándose constantemente en los
últimos tiempos, no se ha tocado ni el gasto militar, ni los gastos
suntuarios de la casta política ni, menos aún, las generosas ayudas que
brinda el gobierno a la banca; con lo cual podemos prever que, como
siempre será la clase trabajadora quien cargue en sus espaldas los
recortes necesarios para alcanzar dichos niveles de déficit.

Una
tercera y más grave constatación es que en Canarias, dado el
diferencial histórico negativo, esta medida será doblemente lesiva.
Recordemos que el archipiélago ha sido el territorio dónde los recortes
en materia de salud y educación reflejados en los presupuestos del
presente año han sido más sangrantes, poniendo los servicios públicos en
una verdadera situación límite que, en caso de mayores recortes
relacionados con la disminución del déficit público, pondrían en
verdadero riesgo la viabilidad de dichos servicios; más aún cuando no
solamente limitará el gasto del gobierno central, sino también el de los
gobiernos autonómicos y ayuntamientos.

Desde Intersindical Canaria nos oponemos tajantemente a que, el
gobierno del Estado español en manos del PSOE, en complicidad con los
grupos parlamentarios del PP, quiera aprobar esta medida lesiva a los
intereses del pueblo canario sin que medie además ningún tipo de
consulta.

Exigimos asimismo que, un cambio de este calado en el
texto constitucional sea llevado a referéndum para que, ante el evidente
descrédito de la casta política, sean los ciudadanos quienes definan
si están de acuerdo en seguir pagando una crisis que sufren pero que
definitivamente no han provocado. Imagen: © Jorma Bork  / pixelio.de

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