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24 de abril de 2006 - 18:59

El Defensor del Pueblo de la UE dice que las quejas contra Granadilla son las mayores de la historia

Nikiforos Diamandouros, que ha presentado en Bruselas el informe anual referido a su actividad en 2005, subraya que las “más de 5.000 quejas” recibidas por el puerto tinerfeño superan las "4.000” que llegaron desde “todos los Estados miembros el año pasado”.

El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, ha destacado hoy en Bruselas que durante este año ha recibido, “y eso continua” el mayor número de reclamaciones en “cifras absolutas de la historia del mediador” que “se refiere a la construcción de un nuevo puerto en Tenerife, el puerto de Granadilla”.

Diamandouros, que hizo estas declaraciones durante la presentación del informe anual de su actividad referido a 2005, indicó que sobre el puerto tinerfeño ha recibido “más de 5.000 quejas”. Cifra que “sobrepasa las 4.000” que llegaron desde “todos los Estados miembros el año pasado”, añadió el Defensor del Pueblo Europeo.

Para Diamandouros el hecho de que haya recibido un elevado número de reclamaciones en cuanto a Granadilla “es una indicación de que en España se recurre al Defensor Europeo con mucha frecuencia”. De hecho, el informe referido al pasado año constata que, de las 3.920 quejas recibidas, la mayor parte procedieron de España (20 por ciento del total); seguida de Alemania (11 por ciento); Francia (10 por ciento) y Polonia. No obstante, en términos proporcionales respecto a la población, los Estados miembros que se encuentran a la cabeza son Malta, Chipre y Luxemburgo.

Investigación de la actuación en Granadilla

Ante el volumen de quejas recibidas, el Defensor del Pueblo europeo decidió, el pasado 27 de enero, iniciar una investigación de oficio sobre la actuación de la Comisión Europea respecto al proyecto de construcción del puerto industrial de Granadilla. Lo que provocó, a su vez, la reacción de los defensores del puerto que enviaron mensajes de apoyo a su construcción a la oficina de Diamandouros, quien aclaró que su función se limita a determinar si la actuación de Bruselas ha sido acorde con el Tratado.

El Ejecutivo comunitario dispone hasta el próximo domingo, día 30 de abril, para remitir el informe con sus explicaciones. Posteriormente, los denunciantes podrán presentar sus observaciones. Por su parte, el Defensor del Pueblo Europeo evaluará si la Comisión Europea ha seguido las reglas y procedimientos aplicables y ha razonado su posición de manera correcta.

Si este no fuera el caso, el Defensor del Pueblo Europeo podría seguir con la investigación y decidir el paso a seguir, como presentar recomendaciones al Ejecutivo de Bruselas. En último lugar, si la investigación constata que existe una situación de mala administración el Defensor del Pueblo puede presentar su informe al Parlamento Europeo.

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