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13 de abril de 2006 - 10:40

A mi medida

Pablo Rodríguez Valido

13 de abril de 2006 - 10:40

¿Qué vivienda demandan los jóvenes?

El Observatorio Joven de Vivienda en España, una publicación dependiente del Consejo de la Juventud, reconoce en un informe reciente que una persona joven que desee adquirir una vivienda libre (datos del último trimestre del 2005) debería estar dispuesta a dejar en el empeño el 53,7% de su salario. ...

El Observatorio Joven de Vivienda en España, una publicación dependiente del Consejo de la Juventud, reconoce en un informe reciente que una persona joven que desee adquirir una vivienda libre (datos del último trimestre del 2005) debería estar dispuesta a dejar en el empeño el 53,7% de su salario. En el informe se señala que por encima de esa media está la Comunidad Autónoma Canaria; donde disponer de vivienda propia le supondría a un joven el equivalente al 56,7% de su salario.

Resulta evidente que a este precio sean muy pocos los jóvenes que estén dispuestos a cargar con un peso tan grande. Pero lo más revelador del informe, es que el mercado libre de la vivienda no ofrece ninguna otra opción; lo que ha hecho sugerir que “los padres dejen de comprarles a sus hijos coches y motos, destinando ese dinero a abonar la entrada de un piso y además, paguen la hipoteca del mismo durante los dos primeros años”. Esta idea fue la que propuso la pasada semana el sociólogo Javier Elzo, a través de los micrófonos de RNE, cuando comentaba su conocido estudio “Jóvenes españoles 2005”, basado en una encuesta a 4.000 jóvenes de 15 a 24 años, que anualmente encarga la Fundación Santa María. Con la pintoresca salida del sociólogo de la Fundación Santa María, más que resolver el problema de la vivienda, lo que conseguiríamos sería quemarles los ahorros a nuestros padres, y luego someterlos a vivir dos años más en el “Valle de lágrimas”, que es lo que supone seguir pagando el crédito hipotecario –o sus culpas-, a causa del pecado original de haber tenido hijos.

Tampoco creo como solución que sea el Estado el que proporcione viviendas baratas a los jóvenes, por aquello de que la vivienda es un “bien de uso”. Ingenuidad en la que han caído muchas personas de buena fe, que desconocen como algunos beneficiarios de viviendas sociales se convierten en aventajados alumnos de economía aplicada; mediante el procedimiento de pasar la vivienda de la columna de “bienes de uso” a la de “bienes de cambio”.

No es bueno para nosotros que sacrifiquemos a nuestros padres. Tampoco esperemos todo del Estado. Sería demagógico, pues no ha habido sistema económico ni régimen político en el mundo, que haya resuelto satisfactoriamente el problema de la vivienda. Por eso considero que la mejor solución es la que proceda de nuestro propio esfuerzo. Es decir, hacer conocer la dimensión que representa para el mercado, la demanda de un producto con una superficie máxima tolerable, con una calidad de materiales admisible, con un precio que no supere el 25% de los ingresos de un joven, y que su endeudamiento sea por un tiempo asumible.

Hasta ahora, los promotores inmobiliarios han dado prioridad a las demandas de viviendas para familias. Razones de exclusiva rentabilidad han llevado al sector a no diversificar el producto que ofertan. Cosa comprensible, pues el constructor suele ser un agente económico sin mucha trayectoria empresarial; por eso no ve la vivienda joven como una oportunidad para los que sepan llegar primero. Además, en Canarias la demanda de viviendas unipersonales no la plantean sólo los jóvenes, pues el número de personas que viven solas no para de crecer (de 1991 a 2001, pasaron de representar el 11,12% de hogares unipersonales al 21,36%). Esta realidad parece que la desconocen los agentes económicos, a pesar que el Plan de Vivienda de Canarias, dedica una buena parte de su contenido a detallar la situación del mercado y todas las ayudas que se ofrecen para paliar el déficit de viviendas para jóvenes.

Como no hay excusa posible, a todo aquel promotor particular que no vea en el segmento de la vivienda unipersonal una oportunidad de negocio, la Administración pública debería dejarlo fuera de cualquier otra misión relacionada con la construcción. Especialmente, si se trata de una obra de promoción oficial. Pues la libertad de mercado no implica que no se premie a las empresas que cumplan con una función social. Basta poner como mérito en los pliegos de condiciones, que el concursante haya ejecutado este tipo de productos.

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