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11 de abril de 2006 - 22:42

Canarias contará con una Ley de Rentas Mínimas pionera en España

El presupuesto para la implantación de esta norma "pionera en el Estado" es de 11 millones de euros, con lo que se eleva la ayuda de 6 a 12 meses con 14 pagas, renovable por periodos sucesivos de seis meses.

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción, también conocida como Ley de Rentas Mínimas, que cuenta con un presupuesto para su implantación de más de 11 millones de euros.

El documento, que entrará en el Parlamento regional este mes, "rompe por completo con el sistema asistencialista para transformarse en un sistema público de servicios sociales, por dos motivos esenciales", según afirmó el secretario del Gobierno, Antonio Castro. En este sentido, recordó que se trata de una norma pionera en el Estado, con la que se eleva la ayuda de 6 a 12 meses con 14 pagas, renovable por periodos sucesivos de seis meses, al tiempo que se elevan las cuantías en un 24,21 por ciento para las unidades de un miembro y en un 44 para las unidades de seis miembros.

Por otra parte, el Gobierno introduce en el documento su apuesta por la inserción, al incluir en el artículo 2 del texto la condición para la percepción de la prestación, de actividades de inserción para todas aquellas personas que integren la unidad de convivencia del solicitante de la ayuda económica básica, y que se encuentran en situación o proceso de exclusión social.

"Esto quiere decir las ayudas están condicionadas a la inserción laboral y se podrán recibir mientras persista la situación que le ha hecho ser beneficiario de dichas ayudas", aclaró el consejero, quien resaltó que el texto "aumenta el compromiso del Ejecutivo con las personas que se encuentran en exclusión, ya que no sólo aumenta considerablemente el presupuesto, sino que se traduce en un claro esfuerzo de inserción sociolaboral para estas personas".

Castro señaló que por cada solicitante, se confeccionará un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, que será elaborado por profesionales vinculados al área de trabajo social del centro municipal de servicios sociales, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda. "Además, se han incluido mejoras en la Ley como la posibilidad de dar ayudas a más de un solicitante por hogar, al entender que es posible que dentro del mismo exista más de una unidad familiar", indicó.

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