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29 de julio de 2008 - 14:15
Antonio Marrero de Armas
29 de julio de 2008 - 14:15
Sin perjuicio de que el tema merece mucha mayor extensión de la que hoy voy a dedicarle, más que nada para no aburrir al lector, sí es necesario poner de relieve una serie de aspectos que sobre el particular me gustaría resaltar.
Todos estaremos de acuerdo en que un Estado de Derech...
Sin perjuicio de que el tema merece mucha mayor extensión de la que hoy voy a dedicarle, más que nada para no aburrir al lector, sí es necesario poner de relieve una serie de aspectos que sobre el particular me gustaría resaltar.
Todos estaremos de acuerdo en que un Estado de Derecho sin Justicia correría el riesgo de derivar en una profunda crisis social de consecuencias imprevisibles. Pues bien, soy de la opinión que ello es extensible también a aquellas organizaciones de ciudadanos en donde a pesar de existir una administración de justicia, ésta es lenta, ineficaz y poco práctica con los cambios sociales que puedan producirse.
Descendiendo al caso concreto de nuestro país, el panorama no puede ser más desalentador. Hace varios meses hemos sido testigos de un hecho tremendo cuando la acumulación de expedientes judiciales hizo que un condenado por abuso de menores continuara en libertad a pesar de que su condena era firme y estaba pendiente de cumplimiento, momento en el que supuestamente asesinó vilmente a la pequeña Mariluz. No se trata éste del primer escándalo judicial habido en España.
Hace días tres nuevas “perlas” han sacudido la credibilidad de nuestra justicia. Por un lado; los trece años que un condenado por violación cuya inocencia se ha demostrado finalmente al ser revisada su causa, por casualidades del destino, despreciando la posibilidad de acudir a la prueba de identificación del ADN desde el momento en el que se pudo practicar la misma. Por otro; la circunstancia de que todo un Tribunal Europeo “lave la cara” a los Magistrados del Tribunal Supremo que enjuiciaron al Juez Gómez de Liaño al tacharlos de parcialidad. Finalmente, el asesino De Juana Chaos ha redimido parte de su condena en base a documentos presuntamente falsos y saldrá de la cárcel sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento.
De igual forma, concretando aún más y acercándonos a nuestra Comunidad Autónoma, según el diario digital “archipiélagonoticias.com”, el Consejo Económico y Social de Canarias ha publicado esta semana una edición provisional de su informe anual correspondiente al ejercicio 2007-2008, en donde se recoge, en el capítulo dedicado a la Justicia, que los juzgados de Canarias son los más congestionados del Estado con una tasa de 1,36, índice que sólo es igualado por la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Como profesional del derecho no me extraña este dato. Las autoridades políticas canarias siguen ninguneando a la Justicia, disgregándola cada vez más, pretendiendo atender a sus urgentes necesidades a base de parches chapuceros. En Gran Canaria el panorama es descorazonador con la diseminación descarada y lamentable de Juzgados y la falta de reacción ante un funcionamiento caótico como consecuencia de la saturación judicial y la falta de medios desde la administración. Lo peor es que todo ello se hace con la aquiescencia de esos que en su momento se llamaron “operadores jurídicos” (colectivos de jueces, funcionarios, procuradores y abogados) y que en su momento pusieron el grito en el cielo. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde estamos ahora? Nosotros también somos culpables de lo que está ocurriendo y es hora de tomar medidas.
Este es el panorama de nuestra justicia, en minúsculas, por supuesto. Y este es el principio caótico de un futuro más caótico aún en el que los que trabajamos porque ésta se escriba en mayúsculas nos veremos inmersos si no reaccionamos.
En resumen, ahora que tanto gusta legislar a los responsables políticos de cara a los grandes cambios sociales, les propongo:
1º.- Una reforma legislativa que, respetando el principio de división de poderes, permita a los Jueces elegir de entre ellos mismos a los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sin injerencias políticas.
2º.- Una reforma legislativa que, respetando el fin de reinserción de la pena, no permita aplicar beneficio penitenciario y aplique íntegramente el cumplimiento de la misma a aquellos reos que no se arrepientan de sus crímenes.
3º.- Una reforma legislativa que, ante la imposibilidad de reinserción de los reos por delitos sexuales, permita que, a los que voluntariamente lo soliciten, se les pueda aplicar la castración química.
4º.- Una reforma legislativa que, ante la imposibilidad de reinserción de los reos por delitos sexuales, permita que, aquellos que no deseen la castración química, sean objeto de seguimiento continuado por especialistas cumpliendo la pena íntegramente combinando centro penitenciario con centro psiquiátrico.
Y en cuanto a Canarias, lo que necesitamos urgentemente es que nos unamos los profesionales del derecho en cualquiera de sus ramas para decir que ya está bien erradicando de la vida política a tanto incompetente o a tanto competente que, por poner tanto esmero, ha conseguido lo que le interesa, esto es, que la cosa no funcione.…Y, mientras tanto, nosotros tan callando.
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