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25 de junio de 2008 - 14:37

Medio Ambiente defiende la "absoluta honestidad" de los funcionarios de inspección fitosanitaria

La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marítimo, Elena Espinosa, tuvo que salir en el Senado en defensa de los funcionarios encargados de la inspección fitosanitaria que trabajan en las Islas después de que el senador de CC- AHI por el Hierro, Narvay Quintero, lamentase ante el Pleno "el elevado grado de ineficacia en el control y el cumplimiento de las leyes" de la labor inspectora.

"No sabemos si es debido a desinterés, falta de responsabilidad o de honestidad", dijo Quintero tras manifestar que, pese a estar "identificadas por su reducido número" por el Gobierno central y el Gobierno de Canarias las personas que introducen fraudulentamente fruta en las Islas, no se levantan los correspondientes expedientes sancionadores.

"Quiero dejar claro que los funcionarios que realizan estas labores son absolutamente honestos, que quede muy claro y que no haya ninguna acusación hacia esas personas", manifestó la ministra en réplica a estas afirmaciones tras señalar que el Gobierno central "es el primero en tratar de erradicar" los fraudes en la entrada de mercancías en las Islas.

En este sentido, aseguró que cuando hace cuatro años el PSOE sustituyó en el Gobierno al PP, existía "una demanda" para que mejorasen los servicios de inspección y que para ello se volvió a introducir el documento unificado aduanero que en el pasado precisaban todas las mercancías que llegaban a Canarias desde la Península y se iniciaron una serie de acciones que culminaron en abril pasado en la firma de un Convenio entre la administración central y la autonómica.

Asimismo señaló que el Estado "cofinancia" con las Comunidades Autónomas la lucha contra las plagas y recordó que en el Archipiélago existen seis Puestos de Inspección Fronteriza (PIF), que próximamente se ampliarán a tres y que "contribuirán a que no tengamos más problemas" en la entrada de mercancías en el Archipiélago.

El senador de CC había subrayado previamente que la introducción ilegal de fruta en las Islas no sólo "pone en riesgo la salud del consumidor" sino que ocasiona una "merma de ingresos" al Gobierno regional y ocasiona pérdidas económicas en los productores, cuantificando en unos 40.000 euros el fraude causado por cada contenedor de fruta introducido ilegalmente en el Archipiélago.

Asimismo recordó que en el Archipiélago se han introducido ya también por estas vías unas 78 plagas que afectan a frutas y hortalizas.

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