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23 de diciembre de 2007

La RIC y la moderación salarial

Por Bernardino Ruiz Velázquez

La Reserva de Inversiones de Canarias es un instrumento fiscal mediante el cual los empresarios instalados en el Archipiélago obtienen el privilegio de no tener que pagar impuestos. La RIC permite reducir la base imponible de los Beneficios No Distribuidos hasta en un 90% en el Impuesto de Sociedades.
Gracias a la RIC, sólo en el año 2005, 11.442 sociedades se han “ahorrado” en contribuciones 2.158 millones de euros. En los últimos 12 años las empresas han dejado de pagar más de 20.426 millones de euros a la Hacienda Pública -es decir, a todos los demás-, de los cuales cerca de 12.471 millones de euros siguen sin reinvertirse.
El Gobierno Canario ha defendido la RIC ante Madrid y Bruselas como la herramienta más apropiada "para estimular la inversión de las empresas en las Islas y el crecimiento económico”, como una consecuencia de nuestro REF que trata de compensar los costes de nuestra situación ultraperiférica e insular. Esto ha permitido que las tasas de beneficios de muchas empresas en estos años sean de vértigo.
Por contraste, los trabajadores canarios, que pagamos religiosamente el IRPF y que sufrimos doblemente los costes de la ultraperiferia y la insularidad (basta comparar el coste de nuestra cesta de la compra o los gastos de transportes con cualquier punto de la península), hemos perdido un 17´4% de poder adquisitivo en el mismo periodo y todos los estudios sitúan nuestros salarios entre los más bajos del estado. Así mismo, Canarias mantiene una de las tasas de paro más altas del Estado, se sitúa también a la cabeza en empleo precario y contratos temporales, crece hasta un 28,5% la población que vive bajo el umbral de la pobreza, y la sanidad y la educación públicas se deterioran por la insuficiente inversión gubernamental.
La RIC es un mecanismo fiscal regresivo que hace recaer el peso tributario sobre la población trabajadora a través del IRPF y de los impuestos indirectos con los que se gravan los artículos de consumo. Pero la RIC no deja de ser un ejemplo más -descarado y escandaloso-, de las políticas neoliberales dominantes. Políticas que potencian la desregulación laboral, las privatizaciones, las subvenciones o desgravaciones fiscales a las grandes empresas, bajo el supuesto de que este estímulo a la inversión privada es la única vía posible para mejorar el bienestar general. La constatación de que tales mecanismos aumentan los beneficios de las empresas y los bancos, a costa de empobrecer al resto, generando desigualdades y exclusión social, no conduce a los ortodoxos del mercado libre a su cuestionamiento.
La RIC, debería servir para crear empleo en las islas, para que una parte de las espectaculares fortunas amasadas en estos años revirtiese, en forma de salarios, en un número creciente de trabajadores. Sin embargo, hoy es de sobras conocido el mal uso que los privilegiados por la RIC dan a una gran parte de esos fondos: adquisición de terrenos para continuar depredando el territorio o especular, compra de bienes de lujo, etc. Para más coña, el Gobierno de Canarias ofrece recientemente una de las más lucrativas posibilidades de inversión de los fondos de la RIC. La nueva emisión de Deuda de la Comunidad Autónoma, por valor de 200 millones de euros, permitirá que los empresarios presten a la Administración el capital que deberían haber aportado a las arcas públicas, y que posteriormente recuperen este dinero con los correspondientes intereses. Pero no acaba aquí el chollo, estos mismos empresarios serán también, con toda probabilidad, los adjudicatarios de las infraestructuras públicas proyectadas. Un negocio redondo y amparado en la ley.
Por todo ello, adquiere la categoría de insulto las declaraciones del señor Grisaleña llamando a la moderación salarial o las del Gobierno de Canarias criticando las reivindicaciones salariales del colectivo docente o de cualquier otro colectivo de trabajadores de esta tierra. Con el 10% de los fondos de la RIC, tendríamos solucionados todos los déficits salariales y de infraestructura que sufren la educación y la sanidad canaria y, con otro pellizco, hasta podríamos avanzar mucho con los problemas de la inmigración y la pobreza.
¿Cuándo habrá una Reserva de Inversiones para fines sociales? ¿Quién la defenderá?