archipielagonoticias.com - El diario digital participativo de Canarias

30 de noviembre de 2007

El “rating” del morbo

Por Marta Leonor Vidal García

Con el caso de Svetlana en la memoria de todos, el Gobierno y las televisiones se comprometieron ayer a crear una comisión de expertos encargada de diseñar fórmulas sobre el tratamiento informativo del maltrato, descartando un código de autorregulación. Siendo muy generosa diría que las medidas anunciadas son bastante menos que "tibias": mencionar el teléfono gratuito de atención a malos tratos (016) en todas las informaciones sobre violencia de género, difundir las sentencias judiciales y las condenas, enfatizar la gravedad de las agresiones más allá del caso individual, crear la figura del Defensor o Defensora de la Igualdad dentro de la estructura orgánica de las distintas entidades públicas y producir series de ficción escritas por guionistas de prestigio que fomenten la igualdad.

Poco efecto van a tener estas medidas para prevenir y evitar casos como el de Svetlana que nos ha conmocionado estos días y que no era el primero en que un maltratador se sirve de programas de reconciliaciones y reencuentros sorpresa, de testimonios o hasta de búsqueda de personas desaparecidas para forzar un reencuentro con su víctima con desenlace trágico. A veces la realidad supera a los guiones.

Ninguna medida prevista sobre este gravísimo tema, así que supongo que estos programas seguirán jugando impunemente con el fuego de explotar las crisis de pareja y las miserias familiares y el asunto se olvidará en unos días, tan pronto como la noticia del asesinato de esta chica se desvanezca en la volátil memoria de los telespectadores.

No había visto el vídeo hasta ayer y retrospectivamente sobrecoge en los detalles: la cara de desconcierto de la mujer al descubrir en un video quién era la persona que la había citado, la expresión facial entre escepticismo, ironía amarga, tristeza y tensión al escuchar la cínica versión de que “la relación se había roto por problemas económicos”, la angustiosa contención de la mujer al aclarar a la presentadora que en la ruptura “había habido otras cosas”, la tensión en el encuentro cara a cara entre ambos, la teatralidad con que el maltratador le pedía matrimonio de rodillas con el anillo diciendo que “sólo se vive una vez”, el hilo de voz con el que la chica, acorralada entre los aplausos del público y la insistencia de la presentadora para que se pronunciase, aún tuvo fuerzas para decir dos veces “NO” casi en un susurro...

Es una grave imprudencia que una cadena de TV cree una situación de riesgo al traerse como invitado sin saberlo a un maltratador condenado y con una orden de alejamiento, para un encuentro “sorpresa” con su víctima, que acudió al programa sin haber dado su consentimiento expreso a ese reencuentro, al desconocer dicha circunstancia. ¿Habría accedido Svetlana a acudir al programa de haber sabido que iba a enfrentarse a su maltratador en un plató de televisión ante 2,5 millones de espectadores? Desgraciadamente nunca lo sabremos.

Me preocupa que este tipo de programas basura pretendan eludir su responsabilidad en facilitarle a un maltratador las condiciones para cometer un delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar. Y me preocupan muchos otros temas que llevan un tiempo dando señales de alarma: cuando la telebasura se intenta disfrazar de pedagogía, de denuncia social o de periodismo de investigación y entra de lleno en la violación del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, en la vulneración de protección de los datos personales, la seguridad de las personas o incluso bordea el Código Penal con la omisión del deber de denunciar delitos: me refiero a esos programas de “debate” (¿?) que gracias a esa peligrosa moda de los “vídeos-denuncia” convierten en famosos por un día a energúmenos xenófobos como el agresor de la niña ecuatoriana del tren y ponen en peligro la seguridad de las personas por difundir sus imágenes con el rostro visible (caso del chico argentino testigo de la agresión, identificado sin su consentimiento) . Las imágenes tomadas con cámaras de videovigilancia son datos personales que el organismo responsable de ellas no puede ceder a un medio de comunicación y si lo hace incurre en violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Pero el medio tiene también una responsabilidad civil por los daños causados al honor, a la intimidad o a la seguridad de las personas por la difusión de esas imágenes si permiten su identificación.

No hablemos ya de algunos espacios de supuesto periodismo de investigación y denuncia, como aquel programa sobre presuntos malos tratos en una guardería en la que se obligaba a los niños a comerse sus propios vómitos ("jugos gástricos" decía eufemísticamente la directora de la guardería), donde en vez de denunciarse inmediatamente los hechos aportando los videos de prueba ante la fiscalía o el juzgado, se acudió a la vía indirecta de enseñar las cintas a la Comunidad de Madrid para escurrir pretendidamente la propia responsabilidad de denuncia del presunto delito y así medio salvar la cara del reproche social de haber dejado que la penosa situación de los niños se prolongara dos meses más hasta que se emitió el programa (“que denuncie la CAM que también ha visto el vídeo..”). ¿qué hubiera ocurrido si en ese intervalo alguno de los niños hubiera sufrido lesiones o algo peor?

¿Que se debe proteger más, el “rating” del morbo por encima del honor, la salud, la seguridad o la vida de las personas?