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01 de junio de 2006
Por José Joaquín O´Shanahan Juan
Respecto a la estrategia
La Consejería de Sanidad actúa como representante del Gobierno de Canarias que tiene la responsabilidad de conducir la planificación, organización, dirección y funcionamiento del Sistema Canario de la Salud; además también tiene otra función: la del control. Sin embargo éste es un término en el que tenemos que ponernos de acuerdo porque es un servicio público financiado con los impuestos y que exige un control social (accountability) que vá más allá de las responsabilidades jurídico-administrativas del correspondiente órgano de la Administración actual; o incluso de la función política conferida al Parlamento. La normativa actual vigente ha establecido unos espacios institucionales nuevos, los referidos Consejos de Dirección y los Consejos de Salud del Servicio Canario de la Salud, que a pesar de estar creados hace más de ocho años a nivel de cada una de las Islas o Áreas de Salud, y reactivados con motivo de implicarles en la discusión del Pacto, lo que considero muy acertado, no están funcionando de modo efectivo. Confiamos en que este paso que se ha dado facilitar la participación de los Consejos de Salud en el análisis del Pacto, contribuya a su inclusión en la agenda política, no solo de la Consejería sino de las fuerzas políticas y sociales con representación y responsabilidad en su funcionamiento.
Además, a un año apenas de las elecciones autonómicas, es de esperar que partidos políticos en la oposición o muchos ciudadanos, puedan ver, en estos momentos, un interés oportunista en el proceso del Pacto. Sin dejar de ser por ello legítimo, y como un ingrediente más de cualquier acción de gobierno, la importancia de un Pacto Social por la Sanidad en Canarias merece un esfuerzo generoso de negociación entre las fuerzas políticas que viabilicen el acuerdo y minimicen un hipotético beneficio electoral para el que lo promueve. Llegados a este punto, en un pacto ambas partes ceden algo para conseguir lo que se pretende, en este caso el objetivo general formulado en el Pacto.
¿Qué puede ganar y dar a cambio de las concesiones cada uno de los actores para que un acuerdo de este calibre pueda funcionar?. O en otras palabras, ¿Qué concesión ha de hacer el Gobierno - de este momento - en relación a las proposiciones que puedan hacerse desde las organizaciones sociales o partidos políticos en el Pacto?; y, que ha de dar la sociedad – partidos políticos, sindicatos y organizaciones ciudadanas - para aceptar y comprometerse en el Pacto ahora?. En primer lugar, y como condición de eficacia, el Gobierno ha de comprometerse con un plan coherente de gestión del mismo, lo que seguramente no es nada fácil. Sin embargo, la propuesta es precisamente incluir en la negociación de la propuesta del Pacto, la activación ya, de los Consejos de Dirección y de Salud en todas las islas. Además proponemos que se incluya, tal y como ya recogen algunos de los Reglamentos de Régimen Interno de Consejos de Salud, la institucionalización de un espacio abierto de debate con periodicidad cuatrienal, con un componente técnico, social y político sobre la sanidad coincidiendo con los períodos elaboración del Plan de Salud de Canarias. Ese evento, seguramente es un poco tarde para realizarlo antes de que termine esta legislatura, pero podría incluirse en el proyecto de Pacto y en los presupuestos del 2007. Consistiría en un gran debate en forma de Conferencia de Salud de Canarias, promovida por el Consejo Canario de la Salud e implementada a través de cada uno de los Consejos de Salud de Zona Básica y Consejos Insulares que se realizaría cada cuatro años y coincidiendo con el proceso de formulación del Plan de Salud de Canarias.
La Consejería – la de hoy y las de las próximas legislaturas - tendría que aceptar el riesgo del necesario “tensionamiento” del sistema sanitario que podría producir la activación de esta forma de cparticipación ciudadana y de los trabajadores sanitarios, en el control social del Servicio Canario de Salud en la medida en que constituirían foros de discusión y debate en los que se pondrían de manifiesto las demandas de todo tipo por las insuficiencias y problemas de organización y funcionamiento de los servicios sanitarios. Sin embargo ahí, en ese tensionamiento que es constante, y hasta cierto punto “fisiológico”, en el sector salud, la iniciativa se trasladaría en grado importante desde la calle, las plataformas y los grupos corporativos, partidistas y mediáticos, a dichos órganos que cobrarían el protagonismo que exige y necesita nuestro complejo sistema sanitario. Considero que la vida de los movimientos sociales y la participación comunitaria fuera de estos Consejos es fundamental incluso para el fortalecimiento y la legitimidad de los propios Consejos y de la propia Administración que defienda el servicio público. El resultado sería, la reducción del grado de instrumentalización partidista, corporativo, mediático y/o mercantil de los asuntos de salud y de la asistencia sanitaria. En definitiva una propuesta para hacer más eficaz el Pacto que se propone.
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