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09 de mayo de 2008

Injusticia implacable

Por Míchel Jorge Millares

Dicen que la Justicia, aunque lenta, es implacable. Puede que sea así, pero lo cierto es que la lentitud hace que la injusticia prevalezca durante más tiempo y eso, a veces, es insoportable, sobre todo para el que sufre esa situación por haber sido víctima de una estafa, robo o de un desperfecto en el hogar con daños importantes en el patrimonio. O sea, que se queda uno apaleado, arruinado o jodido y, encima, con cara de besugo.

Sin ir más lejos, la prensa de ayer recogía el último dato sobre la situación de la Justicia en las islas y señala que hay más de 12.000 sentencias penales que se quedaron sin ejecutar en 2007 en los juzgados canarios. O lo que es lo mismo, mil sentencias cada mes, ó 33 sentencias cada día que –todavía- no se han cumplido.

Ante esa realidad, uno se pregunta la cantidad y calidad de cuestiones que están pendientes de que las leyes se hagan cumplir. Aunque, cabe recordar que no se trata de nada nuevo, ya que es una situación endémica en este país, donde los españoles nos hemos acostumbrado a escuchar frases tan populares como la de “la justicia es un cachondeo”, que dijera el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco.

En Canarias, a falta de que se ejecuten las sentencias, tenemos un continuo espectáculo mediático de detenciones e imputaciones que terminan como el rosario de la aurora. Casos como el del socialista Carmelo Padrón o el del nacionalista Alberto Amorós, acabaron con la absolución de los imputados tras procesos interminables alargados sin justificación, provocando una irreparable pérdida del prestigio personal y su honor, dañados por un sistema judicial que permite el ensañamiento social con los ciudadanos que caen víctima de una denuncia.

Otro asunto que va por ese camino es el caso Icfem, donde los inculpados son los que denunciaron el caos administrativo de justificaciones de las subvenciones, llevando a los tribunales a un sindicato, academias y patronales por intentar estafar a la Administración con documentos falsificados, y todo ese esfuerzo de recabar pruebas para que los tribunales dejaran a esos acusados sin cargos con una interpretación surrealista de la legislación.

Y es que hay algunos que se benefician de consideraciones jurídicas de dudosa justificación, como es el caso de Dimas Martín, quien ha estado en cuatro ocasiones cumpliendo cuatro condenas distintas en la cárcel y que, en la última ocasión, se ha beneficiado de un régimen de tercer grado penitenciario, cuando las sentencias nos dicen que es un señor al que la ley le importa un bledo.

Comentarios enviados

Quirón: Me llamó mucho la atención el otro día la información sobre la precaria aplicación de las nuevas tecnologías a la justicia. Por otro lado, por propia experiencia, sé que la mayor parte de los funcionarios de justicia trabajan "al golpito". Modernizar y hacer que los funcionarios públicos se enfrenten a las mismas incertidumbres que el resto de currantes serían buenas soluciones. Así los mangoneos serían más dificiles de cometer, ya que serían más visibles, claro que hay muchos a los que esto no les interesa...