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23 de marzo de 2008
Por Antonio Hernández Lobo
Acabada la Semana Santa y adentrándonos en las semanas de pactos para afrontar la nueva legislatura, los nuevos legisladores deben ponerse manos a la obra en una cuestión tan importante como la de la accesibilidad. Habiéndose aprobado la tan necesaria Ley de Autonomía personal o Ley de Dependencia con una nota de aprobado, hay que seguir profundizando en cuestiones de este tipo. Lo cierto es que mi reflexión viene dada por la observación en los últimos tiempos, y que en distintas conversaciones hemos llegado a constatar en lo referente a la accesibilidad de nuestras ciudades. Paseando por una de tantas ciudades de Canarias me encuentro con una persona con movilidad reducida y me planteaba que el hecho de que las ciudades son para los ciudadanos es un tópico que no se cumple en la mayoría de los casos cuando se trata de ciudadanos con alguna discapacidad. “Nos seguimos topando con barreras y obstáculos que no encuentra el resto de la población en tareas tan cotidianas como utilizar el taxi, efectuar una gestión en el ayuntamiento, acudir a la escuela o a la universidad o resolver un asunto sanitario en un centro de atención primaria”.
Aún así, los avances percibidos en la adaptación a las necesidades de las personas que se desplazan en sillas de ruedas quedan en buena parte lastrados por las graves dificultades con que se encuentran los ciudadanos con discapacidades visuales y auditivas. Es decir, los esfuerzos han venido más en la adaptación a las necesidades de accesibilidad de las personas con movilidad reducida que en las que requieren los usuarios ciegos y sordos. Los invidentes lo tienen peor que quienes se desplazan en sillas de ruedas: se encuentran con mayores dificultades para moverse y ejercer de usuarios en su ciudad. Faltan pavimentos táctiles y sonoros que ayuden a la orientación del invidente, además de semáforos con señales acústicas. En los centros oficiales, por otra parte es patente la falta de información en braille y de sistemas alternativos para cumplimentar documentos y realizar trámites. Tampoco existe este tipo de comunicación en las marquesinas de las paradas de guaguas y taxis, así como postes y en el interior de los vehículos.
En el centro de nuestras ciudades el pavimento del centro urbano en ningún caso se muestra estable. Los bordillos tienen, por lo general una altura superior a catorce centímetros. En concreto, en muchos pasos de peatones no se ha rebajado el bordillo, y tanto farolas como señales están mal ubicadas, representando un obstáculo para el tránsito de la silla de ruedas. No digamos el estado de la mayoría de los elementos del mobiliario urbano con esquinas o aristas. Otro aspecto importante es la diferente coloración de las baldosas para que las personas con visión reducida puedan diferenciar los espacios, como por ejemplo la dirección hacia un paso de peatones. Es más, ni siquiera el tiempo para que la persona en silla de ruedas cruzara el paso de peatones no es suficiente, teniendo estos que acelerar el ritmo insospechadamente.
Ya lo dicen las asociaciones de sordos, lo ideal es que los semáforos cuenten con algún dispositivo para avisar de cuándo se pondrá en rojo: el más habitual es que la luz verde pase de ser permanente a intermitente, hallado en la mayoría de las ciudades; mucho menos común es instalar una pantalla para indicar los segundos que quedan para que se encienda la luz roja. A esto habría que añadir el cambio de color de los semáforos ante una situación de riesgo (el paso de ambulancias, coches de policía o bomberos). Mención aparte merecen las rejillas de ventilación, sumideros y alcantarillas, dado que si no están debidamente enrasadas o no son antideslizantes se convierten en un peligro para personas en sillas de ruedas o invidentes.
Los ayuntamientos, cabildos, juzgados y demás edificios administrativos forman parte de la rutina de muchos ciudadanos. Se acude a ellos para realizar trámites, pedir información, trabajar, consultar documentos o solicitar asesoramiento. Por tanto, cualquier persona tendría que poder acceder a dichas instalaciones fácilmente y sin mayor problema. Sin embargo, nuestra realidad es muy diferente. Nos encontramos con escalones, rampas que resultan peligrosas por su pronunciada pendiente y puertas no adaptadas que imposibilitaban la entrada o hacen que la persona en silla de ruedas necesite ayuda para poder acceder. Las entradas de estas instalaciones públicas, además, carecen de pasamanos que ayuden a las personas ciegas. Parece todo surrealista, pero es que encima los suelos suelen ser resbaladizos y limpiados con ceras nada recomendables para el resto del común de los mortales. Me decía un amigo, incluso, que las máquinas para coger el turno e información se encontraban a una altura excesiva, y que las mesas de atención al público no permiten el acercamiento a las personas en silla de ruedas, o mostradores muy altos. Ya lo decíamos al principio, la información en braille es inexistente. No existe intérprete profesional de la lengua de signos alguno. Pues nada, a comunicarse de manera escrita, haciendo gestos e incluso leyendo los labios del trabajador de turno. Increíble, pero cierto.
El baño es un espacio imprescindible en cualquier edificio y debe permitir el acceso y el uso de cualquier ciudadano. Pues bien, suelen ser pequeños, cuando existen, y apenas entra la silla de ruedas. Se echan de menos puertas correderas, pavimentos antideslizantes, lavamanos que permitan regular su altura, barras de apoyo abatibles junto al inodoro, etc. así como letreros en braille que diferencien los baños de señoras y de caballeros para las personas ciegas y, para las personas sordas, sistemas visuales para indicar si están ocupados o no.
La accesibilidad del servicio de guaguas y tranvía debe comenzar en las paradas. Nuestras ciudades, usadas tanto por la población residente como por la población que nos visita, no en vano, el turismo continúa siendo nuestro motor económico, tienen infinidad de carencias en este sentido. Para la población sorda, ninguna de las marquesinas dispone de sistema sonoro para avisar de la llegada de la guagua. Además, ninguno de los paneles o informaciones de la parada está escrito en braille. No me gusta generalizar, pero, es que, además, los guagüeros no suelen esperar a que la persona con dificultades de movilidad esté completamente ubicada en su sitio para arrancar. Además no se proporciona ayuda al usuario en silla de ruedas tanto en la subida como en la bajada y en la acomodación en su asiento, con la consiguiente colocación del cinturón de seguridad.
En ocasiones, las personas con discapacidad recurren al taxi. Necesitan, por tanto, un vehículo adaptado, denominado eurotaxi. En nuestras grandes ciudades y zonas turísticas, aeropuertos, puertos, etc. se cuenta con este servicio, aunque en muchos casos, insuficiente. Sin embargo, el usuario ha de solicitarlo con mucha antelación. En caso de urgencia, no existe alguno disponible.
Hay aspectos que no he querido tocar en esta reflexión, como pueda ser la accesibilidad en la escuela y en nuestras universidades, así como lo relativo a nuestras ciudades turísticas, estos aspectos necesitarían de otra reflexión mas detallada que dejamos para otra ocasión. Lo que si nos tranquiliza, en parte, “mal de muchos, consuelo de tontos (o de todos)”, es que el panorama fuera de nuestras fronteras insulares no cambia mucho, sobre todo si miramos a nuestro entorno estatal y europeo.
Juan Francisco Santana Domíngu: Estoy totalmente de acuerdo con este pedimiento. Poner las cosas más accesibles a los que tienen algún tipo de munusvalía es un deber social y un claro ejercicio de moral. Dar respuestas y compañía a las personas que se sienten solas, atender de forma generalizada y con profesionales cualificados a los ancianos; disponer de un apoyo eficaz a las personas que han sufrido malos tratos; hacer que los niños y niñas disfruten de su niñez en un ambiente adecuado y rodeados de amor; afrontar los problemas de indigencia...En todos estos servicios debemos exigir la puesta en práctica de unos valores en los que prime el cariño, el afecto, el respeto y sobre todo el fomento de la dignidad. No se puede atender al prójimo necesitado de forma fría y distante porque es mucho más importante el aspecto psicológico-afectivo. Se gastan cantidades de recursos en cuestiones que no son tan primordiales como es la atención a los demás. Aunque comprendo que es tremendamente complejo, por una multitud de factores, los responsables políticos deben hacer un esfuerzo en llevar a cabo políticas que acaben con este tipo de problemas y carencias. Debemos tender, en la medida de los posible, a una sociedad más justa e igualitaria.
Juanjo Mendoza: La sensibilidad hacia las personas con minusvalías es una muestra de la solidaridad con la que se debe tejer la urdimbre de una sociedad sana. La salud social no es sólo la ausencia de enfermedad, es también la presencia de una conciencia ciudadana que haga grata a todos sin distinción su estancia en la ciudad. No tengo a nadie, familiar o conocido, con problemas de minusvalía. Probablemente por eso valoro muchísimo que artículos como éste hagan de sano recordatorio.
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