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06 de febrero de 2007
Por Marta Leonor Vidal García
En el “Día sin móvil” les cuento que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda por concertación de precios en la subida de tarifas entre las tres operadoras, Movistar, Vodafone y Orange.
La OCU ha solicitado la suspensión cautelar de la subida de tarifas anunciada para el próximo 1 de Marzo, por entender que responde a un acuerdo entre los operadores contrario a las leyes de la competencia y que causaría un serio perjuicio a los consumidores.
Estas prácticas, denominadas “colusión” en Economía, son típicas en oligopolios, por ejemplo se hacen con frecuencia en el sector de transporte aéreo, donde la OCU ya ha ganado varias demandas contra las aerolíneas
La OCU denuncia que el supuesto acuerdo tiene por objeto mantener el status quo de las tres operadoras, como así lo han anunciado públicamente, de forma que puedan eludir tanto la sentencia del Juzgado nº 4 de lo Mercantil de Madrid como la propia Ley 44/2006, que declaraban abusivo e ilegal el redondeo que llevan a cabo las operadoras al cobrar por fracciones, en vez de hacerlo por segundos.
La OCU recuerda a los usuarios su derecho a rescindir el contrato con su operadora, incluso aquellos que tengan firmada una cláusula de permanencia temporal, y se ha dirigido a los Ministerios de Sanidad y Consumo e Industria, para que sancionen a las operadoras que intenten obstaculizar el derecho de los usuarios a rescindir sus contratos sin penalización y para que tomen las medidas necesarias para evitar el claro fraude de Ley que supone la subida de precios.
¿Saben lo que me parece más lamentable? La gran ironía de que, paradójicamente, esta subida de precios sea consecuencia directa de la entrada en vigor de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores, que obliga a las operadoras a modificar sus tarifas eliminando el redondeo al alza. La respuesta ha sido una subida generalizada de tarifas para compensar la pérdida de beneficios y mantener los mismos ingresos que antes de la aplicación de la Ley. Según cálculos de la OCU sólo con la subida del 25% del establecimiento de llamada, idéntica para las tres, las compañías recuperan el 60% de lo ingresado de más por el redondeo. Casi mejor que no nos protejan.
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