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22 de enero de 2007

Alarmante inseguridad

Por Jorge Rodríguez Díaz

Leemos en la prensa, no sin preocupación, que la provincia de Las Palmas tiene el record de más asesinatos en España. Hace tiempo que sabemos que la inseguridad y la delincuencia son un problema real que preocupa, y con razón, a los ciudadanos de nuestra tierra. En especial a los sufridos habitantes de Las Palmas de Gran Canaria.

Ante esta situación cabe preguntarse: ¿Son los cuerpos de seguridad del Estado suficientemente eficaces para reprimir la delincuencia en Canarias? ¿Juega algún papel significativo la Policía Local en la prevención de la delincuencia? Vistos los resultados la respuesta es, obviamente, no.

Si la delincuencia y la inseguridad son un problema grave para cualquier sociedad, en el caso de Canarias su gravedad es extrema, pues vivimos fundamentalmente del turismo y del comercio, y no hay nada que amenace más a estas actividades que la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, no estamos ante una estadística más, sino ante una grave crisis de un elemento estratégico que pone en peligro nuestro bienestar y nuestra economía.

Ante esta situación resulta difícil comprender la insistente negativa del PP y del PSOE a que se cree la Policía Autonómica Canaria, especialmente cuando este último partido lo contemplaba en su programa electoral. ¿Qué interés puede haber para impedir que Canarias se dote de los medios necesarios para garantizar los niveles de seguridad que reclama nuestra población y que son básicos para mantener nuestra actividad económica?

Recientemente hemos tenido noticia de los éxitos de la policía vasca en la lucha contra el terrorismo, al igual que la catalana contra el crimen organizado y las bandas que operan en su territorio. ¿A qué esperan los partidos centralistas para compartir esta competencia en Canarias? ¿Por qué ese empeño en mantener en exclusiva desde el Estado el control sobre los cuerpos policiales en contra de las necesidades y los intereses de los canarios?

Se me ocurren algunas respuestas, pero no tienen nada que ver con el aumento de la seguridad o con la lucha más eficaz contra la delincuencia.