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10 de junio de 2008

Las competencias educativas de los ayuntamientos

Por Antonio Hernández Lobo

Recientemente tenía una conversación muy interesante con un concejal de educación acerca del valor importantísimo que tienen los ayuntamientos en la educación de nuestros niños y jóvenes. Llegábamos, incluso a hablar de cierta descentralización de las competencias educativas de la comunidad autónoma hacia los ayuntamientos. Eso sí, una descentralización siempre requeriría de una voluntad política por ambas partes: la Administración autonómica que debe emprenderla y los ayuntamientos que deben aceptarla. Nos tememos que las diferencias partidarias, que no políticas, harían muy difícil este proceso, pero no voy a dejar de plantearlo por ello, o al menos reflexionarlo con mi teclado.

Entiendo que más de uno se esté echando manos a la cabeza por este planteamiento, sobre todo, si pensamos en la nefasta trayectoria de muchos de nuestros municipios en la gestión de la educación. No vamos a entrar en los posibles supuestos que caracterizarían su nula apuesta por la educación, con departamentos sin proyectos y con una exigua asignación presupuestaria. Pero también es cierto, que existe, entre los sectores educativos una posición bastante clara y generalizada a favor de una descentralización parcial, que de hecho, en muchos casos, se realiza ya, tal y como sucede, por ejemplo, con los planes de absentismo escolar. También los hay escépticos por aquello de su viabiliadad debido al impacto económico que ello originaría.

En cambio, se percibe como posible y positivo un traspaso total de competencias en aquellos aspectos en los que la Administración local ya tiene actualmente algún tipo de intervención. Es decir, construcción y mantenimiento de los edificios escolares, transporte escolar, personal no docente, equipamiento específico, servicios educativos y servicios complementarios. Actualmente, por ejemplo, el diseño de los edificios escolares se hace desde la Dirección General de Infraestructura del Gobierno de Canarias y sin participación de los técnicos municipales, pero es el ayuntamiento quien debe realizar el mantenimiento de los mismos, en el caso de los centros de infantil y primaria. Ello crea disfunciones (poca adaptación del proyecto al entorno, dificultades para el seguimiento de la construcción y desvinculación con las características y costes del mantenimiento) que podrían evitarse si toda la gestión de la construcción se realizara desde los ayuntamientos, siguiendo unas líneas marco previamente decididas por la Comunidad Autónoma. Problemas similares aparecen en la compra de equipamiento y material fungible, y en la gestión de servicios educativos y complementarios (residencias escolares, transporte escolar y comedores escolares).

Respecto al personal docente, no vamos a entrar en una descentralización, ya que está claro que queremos continuar seguir perteneciendo a un cuerpo de corte estatal. Pero si que sería deseable, positivo y viable realizar una adscripción del profesorado a una unidad territorial (municipio o comarca) en vez de un centro como se hace actualmente. Ello dotaría al sistema de una mayor flexibilidad sin detrimento de los derechos básicos del docente y sin menoscabo de las funciones de negociación de los sindicatos. De esta manera, se posibilitaría que los centros pudieran disponer del personal necesario para aplicar adecuadamente sus proyectos y ello redundaría en una mejora de la calidad del sistema educativo en el territorio. Y mucho más importante, daría mayor estabilidad a los proyectos educativos de centros/municipios.

Por otra parte, existe una clara voluntad política de los ayuntamientos de incidir en la educación de sus ciudadanos. Con ese objetivo, ya se está colaborando con los centros educativos en la definición de contenidos de tipo transversal (educación cívica, educación vial, educación intercultural, planes de animación a la lectura, valores, colaboración en la elaboración del mapa escolar, en la integración laboral del alumnado de formación profesional…) en el conocimiento de las características del entorno y en los mecanismos de control y evaluación del sistema educativo. En definitiva, los ayuntamientos desean tener la capacidad suficiente para implementar un proyecto educativo municipal y desean disponer de los recursos personales y materiales que su realización requiere. A tal efecto, en Canarias ya se están potenciando los consejos escolares municipales como herramientas de coordinación y asesoramiento de este proceso de descentralización. Sería en estos consejos donde podrían elaborarse proyectos educativos municipales que articularan los distintos proyectos educativos de centro existentes en su territorio. Dentro de este esquema, los ayuntamientos deberían participar en la adscripción territorial del profesorado y en su evaluación.

A modo de conclusión, una descentralización tendría sentido si los municipios obtienen una mayor capacidad de intervención en la escuela. La voluntad política de participación en los centros de las entidades locales requiere para concretarse que se defina un proyecto educativo local. En este sentido, parece indispensable revitalizar los Consejos escolares municipales que es el organismo de participación donde puede elaborarse. También parece indispensable llenar de contenidos la participación del representante municipal en los Consejos escolares de centro, focalizando su tarea en la elaboración y en la concreción de proyectos, y facilitando la consolidación de los respectivos proyectos de centro. Hasta ahora han sido, en la mayoría de los casos, por imposición o recomendación municipal, pero sin ningún interés. Por supuesto que hay honrosas excepciones.

Antonio Hernández Lobo es Presidente de la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Telde y Vicepresidente del Consejo Escolar Municipal de Telde

Comentarios enviados

El de la puerta giratoria en l: Yo no hablaría tanto de descentralización como de competencias, porque en el discurso actual sobre este tema los Aytos arguyen que "no hacen anclaje en esas aguas" porque no tienen competencias y que en el caso de la Educación Secundaria corresponde a la Consejeria de Educación de la Comunidad Autónoma Canaria. Tienen razón en argumentarlo, pero no hay razón que les excluya de "intervenir políticamente en esos temas"...ya lo hacen en la Ley del Menor( sólo por ahora en absentismo escolar)...de no hacerlo es posibilitar que el Estado Democrático se convierta en un juego de intervención distinta dependiendo en que cancha se esté jugando. Vamos a ver quién desestima que un Ayto. presione y facilite salud pública a sus ciudadanos si no lo hace la CCAA o el Cabildo o el propio Estado...esperamos a que se vaya muriendo la gente.
En derecho hay una posibilidad el derecho consuetudinario.

Más todo depende de las ganas políticas de hacer justicia.
Porque no hacen el mismo planteamiento en cuanto al urbanismo, el comercio, etc...no dependen de un Ministerio y de una Consejería y por qué siendo así hay tanto casos judiciales de aytos. que malversan en esos ámbitos...curioso y triste, compañero.
Salud-os.